La Doctora Kenia Jirón Cruz, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, demostró mediante pruebas fehacientes como el dictamen médico forense, el expediente clínico de la víctima y la auditoría médica realizada por una junta de médicos del Ministerio de Salud (MINSA), la culpabilidad del Doctor David Páramo por homicidio imprudente, por la muerte de la joven Lizandra Jarquín, a quien el acusado le había practicado una cirugía plástica de liposucción y aumento graso de glúteos.
Asimismo, la Fiscal Jirón afirmó en el juicio, que el Doctor Páramo extrajo el doble de grasa en la víctima, al inyectar 7 litros de solución de Klein que se utiliza en la cirugías para el entumecimiento, para luego extraer 8.2 litros de grasa corporal, pero lo que debió haber inyectado máximo era de 3.5 litros por su peso y masa corporal y extraerle el 3 por ciento del peso total de la víctima que pesaba 71 kg, según se reflejó en las pruebas presentadas ante la Jueza Iveth Pineda, del Juzgado Sexto Local Penal de Managua.
Según la auditoría médica y el dictamen médico forense, el acusado falló a las normas del debido cuidado, lo que provocó una embolia grasa masiva a la paciente, un edema pulmonar y cerebral, causándole la muerte a Lizandra Jarquìn.
Además, cometió otro error al no especificar el grado de concentración de solución Klein, los fármacos que utilizó y cómo la preparó y qué medida manipuló para hacer la solución de Klein y por último la elección del primer ayudante que tiene que ser un médico y tiene que asistir si le pasa algo al médico de cabecera y el ayudante que tenía el doctor Páramo no se pudo comprobar que fuera médico.
Por su parte, la Jueza Iveth Pineda, del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, fundamentó su fallo de culpabilidad contra el acusado por el delito de homicidio imprudente. “La falta de cuidado debido, durante el proceso quirúrgico realizado por el Doctor Páramo está íntimamente ligado al deceso de Lizandra Jarquín.” No cumplió con el consentimiento informado, valoró mal a la paciente, sobrepasó el límite de extracción de grasa y aumentó el riesgo de muerte de la paciente.
Durante el debate de pena el Ministerio Público, solicitó la pena máxima de cuatro años de cárcel, además de la inhabilitación de la profesión por el mismo período de la condena.