El Licenciado Juan Herlin Jarquín Rosales, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público obtuvo justicia para las tres víctimas de nombres: Giovanny Soto Ruíz (Q.E.P.D), Juan Mauricio Soto Soto (Q.E.P.D) y Emmanuel Soto Soto (Q.E.P.D), padre e hijos respectivamente, quienes fueron secuestrados y asesinados por el acusado Moisés Francisco Sándigo Fernández.
Los hechos ocurrieron en el vecino país de Costa Rica, el día 08 de febrero del año 2013, cuando el acusado junto a otros dos ciudadanos secuestraron inicialmente a la víctima Juan Mauricio Soto interceptando su vehículo al momento que circulaba por el sector de la Fortuna, San Carlos, Costa Rica, trasladándolo a un lugar desconocido obligándole a llamar a su hermano Emmanuel Soto Soto, quien acudió a su ayuda al lugar donde le indicaron los secuestradores, en el parqueo del Hotel Magic Mountain, en Costa Rica, donde lo obligaron a dejar su vehículo y abordar el de su hermano.
Una vez que el acusado y sus acompañantes tenían retenido contra su voluntad a los dos hermanos Soto, los trasladaron bajo intimidación hasta la vivienda de su padre, la víctima Giovanny Soto Ruíz, ubicada en la misma zona. Donde el acusado haciendo uso de arma de fuego, obligaron a la víctima Emmanuel Soto, a ingresar a la vivienda, para tomar el pantalón de su padre en el que portaba la cantidad de un mil trescientos setenta dólares.
Secuestro y robo agravado
Posteriormente, el acusado y sus acompañantes intimaron a Giovanny Soto y Emmanuel Soto, a abordar el microbús color blanco, indicándole a Emmanuel Soto que condujera hacia el Hotel Mountain Paradise, propiedad de las víctimas donde le exigieron a éste ingresar al Hotel y tomar objetos de valor, dinero o documentos, mientras tenían sometidos a las otras víctimas.
Ya en la madrugada del día nueve de febrero del año 2013, el acusado obligó a la víctima Emmanuel Soto a conducir el microbús al camino que lleva a la Catarata del río Fortuna, le ordenaron detener la marcha del vehículo y acto seguido le dispararon en diez ocasiones, resultando con heridas por proyectil de arma que le causó la muerte inmediatamente.
Después, el acusado Moisés Francisco Sándigo Fernández junto a otros de los sujetos que lo acompañaban, le ordenaron a la víctima Juan Mauricio Soto Soto que condujera hasta el sector de la Palma, La Fortuna, camino a Monterrey, donde sacaron del vehículo a las víctimas Giovanny Soto Ruiz y Juan Mauricio Soto Soto y los ataron de sus manos con un cordón rojo, obligándolos a caminar contra su voluntad a once metros al este sobre un sendero, lugar donde el acusado Moisés Sándigo Fernández, junto a los otros coautores, privaron de la vida a las víctima Giovanny Soto Ruiz y Juan Mauricio Soto Soto utilizando un puñal que tenía empuñadura plástica negra con una hoja de unos 13 centímetros de largo aproximadamente.
Al huir de la escena del crimen el acusado decidió retornar a Nicaragua, por lo que las autoridades costarricenses emitieron a través de interpol una orden de captura.
Juicio Oral y Público
Ya en territorio nicaragüense, la Policía Nacional capturó al acusado y lo remitió al Ministerio Público de Nicaragua, quien a través de un trabajo en colaboración con el Ministerio Público de Costa Rica pudo obtener todas las pruebas periciales y testimoniales para realizar el juicio en nuestro país, ya que no se permite la extradición de nacionales.
En el Juicio Oral y Público, en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua a cargo de la Doctora Adela Cardoza, el Fiscal Jarquín presentó todas las pruebas; documentales y testimoniales. Los testigos se hicieron mediante videoconferencias, con lo que se sustentó y demostró la culpabilidad del acusado.
Durante el proceso judicial se dieron varios incidentes como amenazas de bomba en los tribunales de Justicia de San Carlos al momento de hacer las videoconferencias y en los Juzgados de Managua en el Juicio, los familiares del acusado amenazaron de muerte al Fiscal Rosales y su asistente fiscal la Licenciada Vicky Molina.
Posterior al fallo de culpabilidad ordenado por la Jueza Adela Cardoza, el Fiscal Jarquín solicitó para el acusado la pena máxima de 30 años de cárcel por cada víctima, 7 años por el delito de robo agravado y 6 años por secuestro simple por cada una de ellas; no obstante la Jueza Cardoza condenó al acusado Moisés Francisco Sándigo a 30 años de prisión debido a que la Constitución Política de Nicaragua establece que no se impondrá pena mayores a los 30 años.
