El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas, realizó un trabajo de campo para conocer el riesgo que corre una víctima de violencia de género en el entorno donde vive.
Para ello, la Licenciada Suyen Alejandra Reyes, Trabajadora Social de la Unidad Especializada en Atención a Víctimas, se trasladó al municipio de Tipitapa para conocer el ambiente donde vive la víctima con su agresor.
Según la Licenciada Reyes, el caso del que se hizo trabajo de campo fue de una joven víctima de intimidación y amenaza de parte de su cónyuge, quien se encuentra en la celda preventiva de la Policía Nacional y a pesar que fue ella quien interpuso la denuncia contra su esposo, se presentó ante el Centro de Atención Fiscal del Distrito VIII retractándose de la denuncia interpuesta en la Policía Nacional.
Ante ello, el Fiscal Sergio Enrique Pérez del Centro de Atención Fiscal del Distrito VIII solicitó el estudio de valoración de riesgo de la víctima.
Asimismo, la Licenciada Reyes hizo el estudio de campo para conocer cuáles son los factores de retractación de la víctima, cuál es la dinámica comunitaria o familiar, para tomar la decisión si se puede hacer una mediación o no.
[su_carousel source=»media: 3472,3469,3468,3467,3466,3465,3464″ limit=»13″ width=»800″ height=»240″ responsive=»no» title=»no»]
Igualmente, se realizaron entrevistas a la familia y a los vecinos de la víctima, se hizo una observación del entorno donde vive la misma, identificando que uno de los factores del porque quiere retirar la denuncia es la dependencia económica de la víctima con su agresor sumado a la dependencia emocional.
“La Víctima se encuentra retractada del proceso, por la gran dependencia económica que tiene del agresor, ya que nunca ha trabajado y su mundo gira entorno a su cónyuge, porque no puede valerse por sí misma. La víctima esta arrepentida de haberlo metido a la cárcel, ya que no se reconoce como víctima.”
De igual manera se concluyó en su Informe que la víctima no es testigo cooperadora, por su retractación; la persona agresora no tiene antecedentes delictivos, ni de violencia en la comunidad, por lo que se podría dar una solución al conflicto a través de una mediación siempre y cuando se proteja a la víctima y no se le violen sus derechos, ya que la víctima se encuentra en un riesgo bajo, concluyó la Licenciada Reyes.
Por su parte, el Doctor Julio Bolaños, Fiscal Auxiliar de la Unidad Especializada Contra los Delitos de Violencia de Género, manifestó que estos informes de trabajo de campo que realizan la Unidad de Atención a Víctimas ayudan establecer, por qué la víctima ha perdido interés en la causa y para conocer los factores de riesgo que tiene la misma, debido a que esos elementos son utilizados como prueba para el juicio, lo que permite demostrar el grado de responsabilidad de los acusados.
Al finalizar el proceso, el Fiscal Pérez realizó una mediación en donde el agresor se comprometió a separarse y alejarse de la víctima, al pago de una pensión alimenticia para los tres niños menores de edad y recibir atención psicológica para el control de la ira.
